El interventor fiscaliza en nombre del cliente o la entidad contratante: verifica cumplimiento técnico, contractual, legal y financiero; aprueba actas, cortes, cantidades y cambios; revisa calidad, seguridad y ambiente con independencia. El supervisor de obra, por su parte, pertenece al contratista y gestiona la ejecución: coordina equipos, controla cronograma, costos, materiales y frentes, y cumple especificaciones. El interventor exige y registra; el supervisor ejecuta y documenta. Ambos se relacionan con el residente y el director del proyecto. Esta separación de roles garantiza transparencia, trazabilidad y calidad, minimizando riesgos de desviaciones técnicas, sobrecostos y retrasos en proyectos públicos y privados.